El
juzgado de instrucción número 19 de Barcelona ha ordenado el ingreso en
prisión, comunicada y sin fianza, del ex policía y antiguo miembro de
los G.A.L. Michel Domínguez, acusado de traficar con
cocaína. Las diligencias de este caso las seguirá
instruyendo el juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), que es el que ya se encargaba de esta causa, declarada
secreta. Domínguez fue detenido en Barcelona en la estación de trenes de Sants y en ese momento no llevaba estupefacientes en su poder. En
1991 -llevaba en prisión desde 1988- se le condenó a 108 de cárcel por seis
asesinatos frustrados y un delito de asociación de malhechores. En 1998, el supremo le condenó a otros dos
años, cuatro meses y un día de prisión por el secuestro de Segundo
Marey.
En 1982 fue nombrado inspector del cuerpo nazional de policía y durante los cuatro años siguientes prestó servicios en la Jefatura Superior de Bilbao bajo las órdenes del subcomisario Amedo. Perteneció a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una organización terrorista que comenzó a actuar en diciembre de 1983. Desde este hecho inicial hasta finales de 1987 los GAL cometieron más de veinte asesinatos, destruyeron coches e inmuebles, etc.
El proceso judicial contra el grupo terrorista llegó a salpicar a altos cargos del gobierno socialista como al propio presidente, Felipe González, José María Benegas, Narcís Serra y José Barrionuevo.
Dos años después, el supremo condenó, entre otros, a Vera, Barrionuevo y Sancristóbal a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por organizar, autorizar y financiar el secuestro de Segundo Marey en 1983.
Sin embargo, el gobierno perdonó dos tercios de las penas impuestas a 10 de los condenados por el secuestro de Segundo Marey, primera acción reivindicada por los GAL. Inmediatamente, la administración penitenciaria los calificó en régimen abierto y les concedió un permiso navideño, saliendo de la cárcel Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad; Francisco Álvarez, ex jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, ex jefe de Policía de Bilbao, y el ex secretario de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea. El expediente de indulto fue tramitado con una inusitada rapidez por el gobierno del Partido Popular.
Como se pudo leer en Rebelion, "Que condenas de diez años de cárcel se hayan convertido en penas de tan sólo tres meses y medio, gracias al indulto gubernamental y a tan generosa actuación de Instituciones Penitenciarias, evidencia que, al margen de cuál sea el partido en el Gobierno en cada momento, el Estado no abandona a aquellos que le han prestado sus servicios, sobre todo si estos ocuparon altos cargos".
A finales de ese mismo año pasó al régimen abierto y, dos años después, en 2000, salió de la cárcel de forma definitiva.
En 1982 fue nombrado inspector del cuerpo nazional de policía y durante los cuatro años siguientes prestó servicios en la Jefatura Superior de Bilbao bajo las órdenes del subcomisario Amedo. Perteneció a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una organización terrorista que comenzó a actuar en diciembre de 1983. Desde este hecho inicial hasta finales de 1987 los GAL cometieron más de veinte asesinatos, destruyeron coches e inmuebles, etc.
El proceso judicial contra el grupo terrorista llegó a salpicar a altos cargos del gobierno socialista como al propio presidente, Felipe González, José María Benegas, Narcís Serra y José Barrionuevo.
Dos años después, el supremo condenó, entre otros, a Vera, Barrionuevo y Sancristóbal a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por organizar, autorizar y financiar el secuestro de Segundo Marey en 1983.
Sin embargo, el gobierno perdonó dos tercios de las penas impuestas a 10 de los condenados por el secuestro de Segundo Marey, primera acción reivindicada por los GAL. Inmediatamente, la administración penitenciaria los calificó en régimen abierto y les concedió un permiso navideño, saliendo de la cárcel Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad; Francisco Álvarez, ex jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, ex jefe de Policía de Bilbao, y el ex secretario de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea. El expediente de indulto fue tramitado con una inusitada rapidez por el gobierno del Partido Popular.
Como se pudo leer en Rebelion, "Que condenas de diez años de cárcel se hayan convertido en penas de tan sólo tres meses y medio, gracias al indulto gubernamental y a tan generosa actuación de Instituciones Penitenciarias, evidencia que, al margen de cuál sea el partido en el Gobierno en cada momento, el Estado no abandona a aquellos que le han prestado sus servicios, sobre todo si estos ocuparon altos cargos".
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